Curiosamente, cuando se trata de la fecha exacta de los orígenes de la ley de protección denunciante es fácil determinarlo: la primera ley sobre la seguridad y el modo de operación de los denunciantes se firmó en los Estados Unidos, ya en 1912, para ser precisos, el 24 de agosto de 1912. Esta ley, llamada Ley Lloyd La Follette, solo se aplicaba a los empleados del gobierno que, a través de este documento, tenían la oportunidad de ponerse en contacto directamente con el Congreso o con los miembros del comité que se ocupaban de violaciones de la ley.
En los años siguientes, de 1972 a 1990, los Estados Unidos instituyeron una serie de leyes que ampliaron las actividades de los denunciantes legales. En ese momento, los denunciantes obtuvieron garantías para garantizar su seguridad, pero sus notificaciones solo podían referirse a la divulgación de información sobre daños ambientales, como la contaminación del aire, el agua, el suelo, etc., los empleados del gobierno de los EE. UU., pero también a los empleados de empresas que podrían afectar y de hecho afectaron a la medio ambiente.
En julio de 1998, el gobierno del Reino Unido firmó la Ley de seguridad de los denunciantes, denominada Ley de divulgación de información de interés público. Protegía a los empleados de buena fe que denunciaban violaciones de sus empleadores, todo ello en aras de la protección del interés público. Con este reglamento, los trabajadores no tenían que temer las prácticas represivas y, a menudo, ilegales de los empleadores.
En julio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que regulaba las prácticas financieras y el gobierno corporativo. El evento fue una idea tardía del asunto relacionado con empresas como Enron y WorldCom. Los escándalos financieros que estallaron en los Estados Unidos sacudieron entonces a la economía nacional y provocaron una enorme caída de la confianza de los inversores de todas las entidades financieras, como los asesores de inversiones, los auditores o los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, la Ley de protección de los denunciantes tenía por objeto reducir la malversación financiera y restablecer la gobernanza y la confianza en este tipo de instituciones.
En octubre de 2019, la Unión Europea preparó Directiva sobre la protección de los derechos de los denunciantes .