El 22 de febrero de 2022, el Parlamento francés aprobó una nueva legislación: «Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte», que reforma la ley existente conocida como «Sapin II». Francia tomó estas medidas para alinear el marco de protección de denunciantes con la directiva de la UE adoptada a finales de 2019. Se espera que las nuevas normas entren en vigor en marzo de 2022.
El proyecto de ley fue presentado al parlamento por un ex relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Sylvain Wasserman. El documento adoptado incluye disposiciones que van más allá de los estándares mínimos de la directiva.
La ley cubre la protección de los mediadores que se ocupan de la denuncia de irregularidades, incluidas las ONG que ayudan a denunciar las violaciones. También se ha decidido que se protegerá la denuncia de daños al interés público, incluso si no constituye una infracción de la legislación nacional o de la UE. Se previó la responsabilidad personal por las acciones de represalia, incluidas fuertes multas (60 000 EUR) o penas de prisión de hasta 3 años.
En los próximos meses, más países de la UE se unirán a Francia y querrán actuar de acuerdo con la nueva directiva.
